Los pueblos indígenas y la Agenda 2030

9 de agosto: día internacional de los pueblos indígenas

Los pueblos indígenas constituyen el 5% de la población mundial, pero representan el 15% de las personas más pobres del planeta y van a la zaga en prácticamente todos los indicadores sociales y económicos.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible con sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Septiembre de 2015 conciernen a los pueblos indígenas y están directamente relacionados con los compromisos en materia de derechos humanos que figuran en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas o el Convenio de 1989 sobre Pueblos Indígenas y Tribales (Núm. 169) de la Organización Internacional del Trabajo.

En la Agenda 2030 hay seis referencias directas a los pueblos indígenas, por ejemplo, en el Objetivo 2, relativo a la producción agrícola de los pequeños agricultores indígenas, y en el Objetivo 4, relativo al acceso igualitario a la educación para los niños indígenas.

El ODS 10 sobre Reducción de las Desigualdades busca frenar el aumento de las disparidades existentes de todas las personas indistintamente del género, raza o etnia.

Asimismo, en la Agenda se invita a los pueblos indígenas a que participen activamente en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente en su seguimiento y examen a nivel nacional, para asegurarse de que se están haciendo progresos en las cuestiones que les afectan.

ONU GUATEMALA Y LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Las prioridades de asistencia al desarrollo para el periodo 2015-2019, recogidas en el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD/UNDAF), son: desarrollo inclusivo y sostenible; desarrollo social; sociedad segura y libre de violencia; justicia para todas las personas; y sociedad multicultural y diversa.

Para el Sistema de las Naciones Unidas, la alianza con los pueblos indígenas es esencial en todos los ámbitos de prioridad, desde prevenir y resolver conflictos hasta mejorar la gobernabilidad democrática; reducir la pobreza y gestionar de manera sostenible todo lo relativo al medio ambiente; así como lograr la igualdad entre los sexos y poner fin a la violencia contra las mujeres.

El Sistema de las Naciones Unidas realiza importantes esfuerzos por el ejercicio pleno de los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres indígenas a la participación en la toma de decisiones, procesos comunitarios y formulación de políticas; su acceso a la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Así mismo, su derecho a vivir una vida libre de violencia en todas sus manifestaciones y el acceso a la justicia, a servicios de salud integral y reparación para sobrevivientes de violencia basada en género, en especial la violencia sexual y prácticas nocivas como el matrimonio temprano y forzado de niñas y adolescentes.

Las personas migrantes indígenas fomentan y mantienen culturas, costumbres y valores singulares que se han mantenido durante miles de años. Cuando los países de destino les acogen de una manera adecuada, se dinamizan las economías y el desarrollo.

DATOS NACIONALES

  • Guatemala es el segundo país con mayor población indígena de la región de América Latina. Ocho de cada diez niñas, niños y adolescentes indígenas viven en situación de pobreza. De cada 10 niñas y adolescentes indígenas, 6 completan la educación primaria; dos la educación secundaria y solamente una accede a la universidad.  Fuente: Estudios de UNICEF.
  • El 63.3% de las niñas, niños y adolescentes que migraron no acompañados y que fueron retornados al país, se auto identificaron como personas indígenas a la hora de realizar la entrevista migratoria.  Fuente: Mapa de Retorno, OIM, 2018.
  • La participación política de las mujeres indígenas ha sido un desafío particularmente complejo debido a que enfrentan la “triple discriminación” de ser mujeres, indígenas y empobrecidas. Existen otros factores tradicionales que obstaculizan su participación política en espacios de toma de decisión.  Fuente: Informe del PNUD.
  • Las mujeres están subrepresentadas en cargos de elección popular en Guatemala. Esto es especialmente agudo en el ámbito local, donde únicamente 1.9% de alcaldesas son mujeres y solamente 1 de 334 alcaldes, en el período 2015-2019, es una mujer indígena.  Fuente: ONU Mujeres
  • El riesgo de muerte materna en el grupo de las mujeres indígenas, 139 por cada 100 mil nacidos vivos, que está cerca de duplicar el 79 de las mujeres no indígenas. De los más de 72 mil nacimientos registrados en 2017, al menos 22 mil ochocientos fueron reportados en adolescentes indígenas de 15 a 19 años, mientras que en 24 mil nacimientos más, no se consignó la etnia de las madres.  Fuente: Informe de Mortalidad Materna, realizado por MSPAS en 2014 y 2015, con acompañamiento de UNFPA, OPS/OMS y UNICEF.
  • Cuatro factores que influyen en la posibilidad de acceder a la justicia estatal de los pueblos indígenas son: a) geográfico, b) económico, c) idiomático y, d) cultural, que persisten y se agravan.  Fuente: Estudio Asies y Oacnudh (2008) sobre el acceso a la justicia de los pueblos indígenas.
  • A 23 años de la firma de los Acuerdos de Paz, el número de compromisos y acciones establecidos en el Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas (AIDPI), sólo se ha cumplido en un 34.73%. La lucha contra la discriminación en un 54.5%; los derechos culturales en un 29.1%; los menos cumplidos son los derechos económicos, sociales y culturales, sólo en un 20:6%  Fuente: Informe de Avances y Desafíos AIDPI. Programa Maya/ PNUD, 2016.
  • “En las últimas dos décadas se han adoptado algunas medidas para la aplicación de los Acuerdos de Paz, en particular en relación con la estructura institucional estatal a cargo de las cuestiones indígenas, y medidas legales y de políticas contra el racismo y la discriminación. Pese a ello, organismos internacionales y regionales de derechos humanos han reiterado el alto grado de incumplimiento de los Acuerdos, lo que fue constatado por la Secretaría de la Paz en una reciente evaluación. La tasa más baja de implementación se documenta en el caso del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas (19% de compromisos cumplidos), en particular las medidas relativas a tierras y territorios”.  Fuente: Relatora Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas,  Victoria Tauli-Corpuz,  en el informe sobre su visita a Guatemala realizada en 2018.
  • “Los efectos persistentes de la discriminación histórica y estructural que enfrentan los pueblos indígenas, incluidos los garífunas, así como los afrodescendientes (…) que se manifiestan en los altos índices de pobreza y exclusión social. Asimismo, le preocupa seriamente el impacto de la discriminación en el goce efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales, principalmente el derecho a la alimentación, a la salud y a la educación”. Fuente: Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (Comité CERD).
  • De acuerdo con el Comité CERD, a pesar de los esfuerzos realizados por el Estado para asegurar el acceso a la justicia para los pueblos indígenas, preocupa que la falta de independencia judicial, la persistencia de la discriminación racial en el sistema de justicia y la falta de pertinencia cultural y lingüística continúen obstaculizando el acceso efectivo a la justicia por parte de los pueblos indígenas y en particular de las mujeres indígenas.
  • Guatemala tiene la oportunidad de acelerar el avance en estos y otros temas prioritarios cerrando las brechas de desigualdad que afectan a los pueblos indígenas y avanzar en el desarrollo sostenible.

Para hacer frente a los desafíos en torno a la situación de los pueblos indígenas y afrodescendientes, el Comité CERD recomendó  a  Guatemala una serie de medidas entre las que destacan:

  • Adoptar una política nacional integral de lucha contra la discriminación racial y el racismo que promueva de manera efectiva la inclusión social y reduzca los altos índices de pobreza y desigualdad que afectan a los pueblos indígenas y afrodescendientes.
  • Adoptar las medidas necesarias para reducir los índices de desnutrición crónica en niñas y niños indígenas y garantizar el derecho a una alimentación adecuada de los pueblos indígenas.
  • Asegurar la accesibilidad, disponibilidad y calidad de los servicios y prestaciones de salud, teniendo especial consideración de las necesidades, tradiciones y diferencias culturales de los pueblos indígenas.
  • Garantizar la disponibilidad, accesibilidad y calidad de la educación para los niños y las niñas indígenas, incluso en su lengua materna, y mediante la elaboración de planes educativos interculturales que cumplan con el objetivo de promoción y preservación de la identidad cultural de los pueblos indígenas e intensificar sus esfuerzos para erradicar el analfabetismo entre los pueblos indígenas, principalmente entre las mujeres indígenas.
  • Llevar a cabo una evaluación del gasto público asignado a las políticas para pueblos indígenas y afrodescendientes, prestando la debida atención a las diferencias y brechas existentes entre éstos y el resto de la población, con el objeto de tomar las medidas correctivas necesarias e incrementar la proporción del gasto público social destinado a pueblos indígenas y afrodescendientes.
  • Garantizar la protección de los derechos que tienen los pueblos indígenas a poseer, utilizar, desarrollar y controlar con plena seguridad sus tierras, territorios y recursos, incluso mediante el reconocimiento legal y la protección jurídica necesarios de conformidad con los estándares internacionales.
  • Investigar de manera exhaustiva, imparcial y efectiva todas las denuncias de atentados contra la vida, la integridad física y libertad, así como de actos de violencia, amenazas, hostigamiento, intimidación, acoso y difamación cometidos contra líderes indígenas y defensores de derechos de pueblos indígenas y de afrodescendientes.

Mujeres indígenas

Mirar hacia el pasado puede ser duro pero muy necesario para encontrar un futuro con justicia

  • En Guatemala, la pobreza en los hogares indígenas fue de 79.2 por ciento y del 76.1 por ciento en las áreas rurales, lo que evidencia la aguda y endémica exclusión social y discriminación de los pueblos indígenas, y en los cuales las mujeres indígenas se encuentran en mayores condiciones de vulnerabilidad.
  • Empoderar a una mujer indígena ayuda a reducir los índices de pobreza, mejorar la salud y bienestar de las mujeres y sus familias, así como apoyar los medios de vida de sus comunidades y países, debemos asegurarnos de que los derechos de las mujeres y niñas indígenas están protegidos.
  • En consulta y con la participación de los pueblos indígenas y afrodescendientes, adoptar medidas efectivas para asegurar la plena participación en los asuntos públicos de los pueblos indígenas y de afrodescendientes, en particular de las mujeres tanto en los cargos de decisión como en instituciones representativas. Asegurar la igualdad de oportunidades de participación de los pueblos indígenas y afrodescendientes, en particular de las mujeres indígenas y afrodescendientes en todos los niveles de la administración pública, tanto a nivel nacional como local.
  • En Guatemala se tiene un caso de sentencia historia a favor de las mujeres indígenas. Este es el caso de las mujeres de Sepur Zarco, 12 mujeres que fueron sometidas a exclavitud sexual y doméstica para un destacamento militar durante el conflicto armado. Este caso constituye uno de los grandes avances en la justicia de género a nivel mundial y es producto de la lucha liderada por las Abuelas de Sepur por obtener justicia y reparación. Tras dejar en firma la verdad sobre los hechos, hoy en día lideran el proceso de implementación de las medidas de reparación, que esperan ponga fin a la pobreza extrema que su comunidad ha sufrido por generaciones.