Países de América del Norte y Central se comprometen a apoyar el Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones

MIRPS

La Conferencia Regional de San Pedro Sula, de la cual el Gobierno de Honduras fue el anfitrión, culminó el jueves con una serie de sólidas iniciativas tomadas por los países de América del Norte y Central para fortalecer las medidas de protección y soluciones para las personas refugiadas, desplazadas internas y solicitantes de asilo en la región. Los Estados cooperantes y otras importantes contrapartes, incluyendo las poblaciones interesadas, la sociedad civil, el sector privado y la comunidad internacional, también se han comprometido a apoyar con determinación la implementación de esos planes.

Esta serie de acciones hace parte de un proceso liderado por los Estados, denominado Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones (MIRPS), que a su vez se desarrolla dentro del Marco de Respuesta Integral para los Refugiados (CRRF, por sus siglas en inglés) y con base en marcos regionales existentes, como el Plan de Acción de Brasil y la Declaración de Acción de San José. Seis países de la región se han sumado al MIRPS hasta la fecha, a través de la elaboración de planes de acción a nivel nacional y mecanismos de cooperación regional.

En su discurso de apertura, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, resaltó que “Centroamérica y México están liderando el camino para la adopción de los principios y aspiraciones de la Declaración de Nueva York, ajustándolos a sus realidades y necesidades actuales. Esto demuestra que estas no son solo altas aspiraciones, sino que, con voluntad política y apoyo, pueden traducirse en resultados alcanzables, concretos y medibles”.

Ana García de Hernández, Primera Dama de Honduras, destacó que “la construcción de dos pactos globales sobre migrantes y refugiados es una oportunidad para dar una visión integral de esta realidad, tan apremiante en el momento histórico actual, y la prueba de ello es que todos estamos aquí, como demostración de las fortalezas que pueden lograrse cuando podemos definir e implementar mecanismos conjuntos para abordar intereses comunes, como lo dice esta declaración, para salvar vidas. En consecuencia, es una oportunidad que no podemos perdernos”.

Reconociendo que el desplazamiento es ocasionado por múltiples causas, la Conferencia Regional tuvo como objetivo establecer un mecanismo práctico que consolidara y desarrollara los marcos de cooperación regional existentes, fomentando la solidaridad y la responsabilidad compartida, con el fin de fortalecer la protección de las personas refugiadas, solicitantes de asilo, retornadas en necesidad de protección y desplazadas internas.

Este esfuerzo fue reconocido también por el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, que subrayó la importancia de que “en esta conferencia logremos acordar insumos prácticos para el Pacto Global sobre Refugiados, con acciones operativas concretas basadas en el enfoque de responsabilidad compartida y que tengan al ser humano como el centro de todos los esfuerzos”.

En la Declaración política adoptada en San Pedro Sula, los participantes acordaron implementar distintas respuestas, incluyendo la mejora de las condiciones de recepción, el fortalecimiento de los sistemas de asilo, la creación de oportunidades para la autosuficiencia y la integración local de las personas refugiadas, así como el apoyo a la resiliencia de las comunidades de acogida y de las comunidades en riesgo.

A mediados de 2017, las personas refugiadas y solicitantes de asilo procedentes de esta región y registradas en todo el mundo eran casi 220.000 – lo que significa un incremento de 10 veces en los últimos cinco años – y en su mayoría buscaron seguridad en los Estados Unidos, México, Belice, Costa Rica, Nicaragua y Panamá. Además, otras personas se vieron forzadas a desplazarse dentro de sus propios países. En la última década, en Honduras, 174.000 personas se desplazaron internamente en 292 municipios.

Entre la población desplaza en la región, las necesidades de las niñas y niños no acompañados o separados, de las mujeres, los adultos mayores, las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersex, de los pueblos indígenas y afrodescendientes, así como de las personas con discapacidad, son las más apremiantes.

La Conferencia, de la cual el Gobierno de Honduras fue el anfitrión, y coorganizada por el ACNUR y la OEA, con la colaboración de la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SG-SICA), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Sistema de las Naciones Unidas, es uno de los diferentes eventos clave que contribuirán al Pacto Mundial sobre Refugiados, el cual se presentará ante la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2018.

“El éxito del MIRPS dependerá del compromiso de aquellos Estados y otros actores en la región que participan directamente en el abordaje del desafío del desplazamiento. Pero, fundamentalmente, también se basa en la solidaridad y la responsabilidad compartida más allá de la región, y es esencial que la comunidad internacional esté a la altura de las circunstancias y lo respalde”, acotó el Alto Comisionado Filippo Grandi.

http://www.acnur.org/noticias/noticia/paises-de-america-del-norte-y-central-se-comprometen-a-apoyar-el-marco-integral-regional-para-la-proteccion-y-soluciones/

 

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El Programa Ampliando las Oportunidades Económicas Para Mujeres Rurales Emprendedoras en América Latina (BEO, por sus siglas en inglés y Mujeres Emprendedoras por su nombre corto en español), nació en el 2013 como una iniciativa de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) como una apuesta innovadora de empoderamiento económico para las mujeres rurales en cuatro países de la región de Las Américas y El Caribe.

El BEO o Mujeres Emprendedoras, contribuyó a empoderar 3,749 mujeres, integrantes de un total de 102 organizaciones a nivel local en El Salvador, Guatemala, México y Nicaragua. Las mujeres participantes ampliaron su capacidad de generar ingresos, incrementar sus activos y comerciar sus productos, al mismo tiempo que redujeron uso de tiempo y fortalecieron el conocimiento de sus derechos humanos y desarrollaron su voz y liderazgo, posibilitando sinergias desde el desarrollo personal, hasta la capacidad para influenciar las relaciones de poder e imaginarios locales.

El programa, también ha permitido sistema zar los procesos de trabajo, generar lecciones aprendidas y buenas prácticas para empoderar a las mujeres rurales. Las cuales nos proponemos compartir mediante esta caja de herramientas, buscando con ella contribuir al conocimiento de las organizaciones y entidades que compartan el objetivo de fortalecer la autonomía económica, política y física de las mujeres.

La caja de herramientas sintetiza el conocimiento generado por los equipos de trabajo al implementar el modelo del programa desarrollado en el BEO-Mujeres Emprendedoras, el cual ha sido evaluado de forma independiente en su efectividad para contribuir al empoderamiento económico de las mujeres rurales desde una perspectiva de género y derechos humanos. Agradecemos al FIDA, a cada una de las instituciones socias y a los equipos de ONU Mujeres involucrados en el Programa su enorme contribución para su elaboración.


ONU Mujeres espera que esta caja de herramientas le sea de útil para enriquecer los procesos de empoderamiento económico y seguir ampliando las oportunidades económicas de las mujeres emprendedoras en las áreas rurales de la región.


 

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30 historias de mujeres emprendedoras

En América Latina y el Caribe la población rural está conformada por 121 millones de personas, de las cuales 59 millones son mujeres lo que las convierte en actoras clave tanto en sus familias y comunidades, así como en los mercados de productos laborales, de productos y servicios.

Sin embargo, viven en condiciones de profunda desigualdad y con frecuencia enfrentan más obstáculos que los hombres para acceder a servicios públicos y de protección social, activos productivos, tecnología y mercados; otro aspecto desigual recae en la carga laboral sumando el trabajo productivo y reproductivo que normalmente es mayor al de los hombres, y sus ingresos son menores. Este escenario genera consecuencias negativas en la calidad de vida de las mujeres, ya que trasciende respecto a su autoestima, niveles de cansancio ante una doble o triple jornada laboral, falta de servicios y cuidados personales y ausencia en el ejercicio de su libertad.

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Extracto: Cifras del programa BEO en Guatemala, página 21.

Para lograr un cambio transformador en sus vidas, La Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) junto a El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y a sus socios, han innovado el modelo productivo tradicional, impulsando el desarrollo integral de las mujeres y su empoderamiento económico y personal enfocado en emprendimientos y generación de ingresos, propiedad de activos, capital semilla, tecnologías ahorradoras de tiempo, derechos humanos, autoestima, toma de decisiones, prevención de violencia, liderazgo y participación ciudadana.
“Voces desde el Terreno” recopila y presenta el inmenso potencial de las mujeres emprendedoras como agentes de cambio y actoras clave para el desarrollo en un recorrido por tres países de la región entrevistando a diez mujeres en cada uno. En El Salvador, conoceremos historias como la de Ana María, quien reconoce que nunca antes tuvieron la oportunidad de ser propietarias de un estanque camaronero y sus dificultades ante la falta de educación, pero el deseo y la iniciativa para luchar por tener algo propio las motivó. Además, las historias de Blanca Lucy, Cecilia, Marisol, Yaritza, Teodora, Milagro, María Romila, Dania y Corina.

En Guatemala, jóvenes como Oralia y Leiby, dos hermanas que comparten su experiencia como apicultoras, re riéndose a un antes y un después en sus vidas asumiendo su rol como portadoras de ingresos económicos en el hogar. Les acompañan las historias de Ingrid, Filomena, Dora, Leticia, Marcelina, Mauricia, Miriam y Mirna.

Y así finaliza el recorrido en Oaxaca, México donde Sofía valora el ahorro de tiempo y compara el beneficio que recibe en reducción, pues lo que al inicio se hacía en 5 ó 6 horas, ahora lo produce en una hora. Ese ahorro de tiempo es el gran valor en su vida, lo mismo que influyó en Alma, Antonia, Constanza, Elisa, Gladys, Josefina, Melva, Pastora y Soledad.

Resultado del Programa Ampliando las Oportunidades Económicas para Mujeres Rurales Emprendedoras en América Latina (Mujeres Emprendedoras, en su nombre corto y/o BEO, por siglas en inglés), podemos decir con satisfacción que ahora hay mujeres fortalecidas, que se creen capaces, están más empoderadas, que viven una mejor calidad de vida junto a sus familias, conocen y ejercen sus derechos con libertad, tienen una mejor autoestima, participan más y promueven una vida libre de violencia para ellas y sus hijas e hijos. Ya no son las mismas de antes, que se sentían agotadas, oprimidas y sin salida.


Esperamos que estas “Voces desde el Terreno” sean un referente para los tomadores de decisión, los gobiernos, cooperación, la sociedad civil, el sector privado, medios de comunicación y el propio Sistema de las Naciones Unidas para estrechar acciones y promover alianzas estratégicas con una mirada integral enfocada a la promoción de los derechos de las mujeres.


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El Secretario General nombró a Carlos Castresana Fernández (España) como Comisionado encargado de las actividades de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), establecimiento se basa en un acuerdo firmado entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala que entró en vigencia el 4 de septiembre de 2007.

El señor Carlos Castresana Fernández asumirá sus funciones inmediatamente, y encabezará la misión preparatoria que visitará Guatemala del 17 al 23 de septiembre para realizar consultas con funcionarios de Gobierno, entidades de justicia y seguridad, así como con miembros de los partidos políticos, representantes del cuerpo diplomático y actores de la sociedad civil.

El Sr. Castresana Fernández cuenta con una extensa experiencia como fiscal y juez en áreas directamente relacionadas con el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Miembro por oposición de la Carrera Fiscal en su país, recibió en 2005 el nombramiento como Fiscal del Tribunal Supremo de España.

De 1995 a 2005 se desempeñó en la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos relacionados con la Corrupción investigando y persiguiendo casos graves de corrupción ante la Audiencia Nacional y otros Tribunales españoles. De 1993 a 1995 trabajó en la Fiscalía Especial para la Prevención y Represión del Tráfico Ilegal de Drogas, donde tuvo a su cargo casos de organizaciones criminales acusadas de tráfico internacional de drogas y lavado de dinero. Con anterioridad fue Fiscal de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Catalunya, además de Juez de Distrito e Instrucción de provisión temporal y Magistrado Suplente de la Audiencia Territorial de Madrid.

En la actualidad, el Sr. Castresana Fernández trabaja para la Oficina Regional de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) con sede en México. Desde 2006 coordina un proyecto sobre la Prevención del Crimen y el Abuso y Uso Ilegal de Drogas, que forma parte de un programa de seguridad pública de cinco años de duración para el Estado Federal de Nuevo León.

El Sr. Castresana Fernández obtuvo el título de abogado en la Universidad Complutense de Madrid, ha realizado estudios avanzados en el Instituto Internacional de Derechos Humanos en Estrasburgo (Francia). En 1997 recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos, es Doctor Honoris Causa por las Universidades de Guadalajara (México) y Central (Chile) y Profesor de Derecho Penal de la Universidad de San Francisco, (Estados Unidos) y Carlos III de Madrid (España).