Construcción de la paz

Consolidando la Paz en Guatemala mediante la prevención de la violencia y gestión del conflicto


SEGEPLAN, MINGOB, MSPAS, SBS, SCSPR y PNUD, OMS, UNICEF, UN-HÁBITAT, UNESCO, UNFPA


Objetivos:

El programa conjunto “Consolidando la Paz en Guatemala mediante la prevención de la violencia y gestión del conflicto” tiene como objetivo contribuir al alcance de dos efectos del Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD (2004-2008): el Efecto 2, relacionado con disminuir la discriminación de los pueblos indígenas, las mujeres y otras poblaciones en el acceso a servicios, incluída la seguridad y el Efecto 3, relacionado con el fortalecimiento de la institucionalidad pública en materia de seguridad y gestión de la conflictividad con énfasis en la construcción de capacidades.

Resultados:

• RESULTADO 1: El marco político legal mejorado y en ejecución para atender la conflictividad y las violencias sociales para la consolidación de la paz.

• RESULTADO 2: Las capacidades nacionales y locales mejoradas para la prevención de la conflictividad y para la atención de las causas y manifestaciones de las violencias sociales.

Territorialización:

El programa conjunto incluye trabajar a nivel territorial en tres municipios, en los que impulsará a nivel piloto el programa de “Comunidades y Espacios Seguros” (que promueve UN-Hábitat), con enfoque etario, de género y con pertinencia cultural.

Los municipios seleccionados con Santa Lucía Cotzumalguapa, en el departamento de Escuintla; el Municipio de Cobán, en Alta Verapaz; y el municipio de Chiquimula, en Chiquimula.

Justificación:

La Evaluación Común del País (2004-2008) señala entre las principales causas del desequilibrio estructural en el goce de los derechos humanos en Guatemala que “El estado democrático de derecho es débil y la institucionalidad del Estado presenta serias limitaciones para diseñar y ejecutar políticas públicas que garanticen el cumplimiento de los Acuerdos de paz. Un serio reto es la profunda crisis de seguridad pública. La desconfianza en instituciones claves como la Policía Nacional Civil, se debe a sus serias carencias y señalamientos de corrupción e influencia del crimen organizado. La falta de respuestas aceptables y efectivas a la conflictividad y violencia debilitan el estado de derecho, la gobernabilidad democrática y las condiciones para la definición de un eficiente sistema de políticas públicas. Al grave deterioro de la seguridad pública se suma la emergencia del narcotráfico y de grupos ilegales, así como la sistemática intimidación de líderes y organizaciones sociales y operadores de justicia, fenómenos que constituyen serios obstáculos para la consolidación de la democracia. La concepción de la justicia excluye el sistema de derecho propio de los pueblos indígenas y no promueve mecanismos alternativos de resolución de los conflictos. Existe una discriminación generalizada hacia los pueblos indígenas, las mujeres, los niños y adolescentes, entre otros”.

Existe una plena coincidencia entre lo anterior y el Plan del Gobierno (2008-2012) , que reconoce la existencia de un Estado concentrador y excluyente con necesidad de reestructuración, al que se debe que los Derechos Humanos son constantemente negados y violados. Derivado de ello, las políticas públicas, en general, reflejan un bajo grado de focalización, una carencia de adecuado diseño y la ausencia de evaluación de sus resultados. El Plan parte del “Gran Diálogo Nacional” basado en acuerdos nacionales, en los que el diálogo, la negociación, el consenso, el compromiso y la responsabilidad social permitan reconciliar intereses diversos en torno a objetivos y metas de interés nacional que se traduzcan en políticas, integradas y articuladas que deben ser descentralizadas, con una creciente participación ciudadana.

Según el Informe Nacional de Desarrollo Humano 2007/2008 Guatemala tiene una población de 13.3 millones, el índice de Desarrollo Humano para el país es 0.702 con un índice de desarrollo relativo al género de 0.684. La mitad de la población vive en condiciones de pobreza (50.9%) y uno de cada siete habitantes vive en pobreza extrema (15.2%). El gasto público del Gobierno central destinado al Ministerio de Gobernación tiene una tendencia decreciente de Q. 6,240 millones (año 2001) a Q. 4,700 millones (año 2007).

La tasa de homicidios es comparable a regiones en guerra (108 p/c 100,000 habitantes en Ciudad de Guatemala). En 2001-2006 se duplicó la violencia homicida contra la mujer (tasa 8.38, de las dos mayores regionalmente), teniendo el 58% entre 18-45 años. Las armas de fuego causan 82% de muertes violentas (43% hombres entre 18-25 años) y 70% de las personas lesionadas. Existe una amplia población sin recursos productivos (tierra y agua); explotación minera y forestal conflictiva al afectar precarios medios de vida de comunidades; 1,500 conflictos agrarios no resueltos reconocidos oficialmente. La ausencia de canales para atender, gestionar y abordar demandas sociales y conflictos preventivamente por parte del Estado contribuye a que invasiones de tierras, bloqueos al transporte y huelgas degeneren en violencia.

Especial preocupación suscita el aumento de la violencia homicida contra las mujeres. Entre 2001 y 2006 los femicidios casi se han doblado. Guatemala está entre los dos países con más altas tasas de femicidio en la región con 8.38 mujeres asesinadas por cada 100,000 habitantes. El 43% de hombres víctimas de armas de fuego están comprendidos entre los 18 y 25 años; mientras que el 58% de las víctimas de sexo femenino oscilan entre los 18 y 45 años. Las armas de fuego producen más del 76% de muertes violentas, así como el 60% de las lesiones a personas. Para el año 2005, los costos de la violencia en el país alcanzaron un monto aproximado de US$2,386.7 millones, cifra equivalente al 7.3 % del PIB (PNUD, 2007). Según el Instituto Nacional de Estadística en el 2004 se reportaron más de 8,230 casos de violencia intrafamiliar de los cuales el 12% afectaron a personas menores de 19 años. La desagregación por sexo y rangos de edad delata que las mujeres entre los 20 y los 34 años, representan el 50% de los casos reportados, lo cual evidencia que muchos niños, niñas y jóvenes son testigos y víctimas directas de violencia intrafamiliar. El 70% de los casos de violencia hacia la niñez es dentro del hogar por los progenitores, usando el castigo corporal porque es el método más efectivo para imponer autoridad.

A pesar de avances recientes en legislación sobre conflictividad y la violencia (Ley Marco de los Acuerdos de Paz, Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad y leyes de descentralización) y Políticas Públicas importantes (Promoción y Desarrollo de las Mujeres Guatemaltecas, Desarrollo Social y Población, Cultura de Paz, Convivencia y eliminación del racismo y la discriminación étnico-racial, Derechos Humanos, Protección Integral a la Niñez y la Adolescencia, y Juventud), su implementación es incompleta y existen brechas de capacidad institucional a ser fortalecidas para el adecuado abordaje de la problemática. No existe aún en el Estado guatemalteco la capacidad para dar coherencia a sus esfuerzos fragmentados en cuanto a seguridad ciudadana y prevención de la violencia lo cual se convierte en el desafío de la consolidación de un marco de política pública claro e integrado, lo cual a su vez, se constituye en el principal reto a abordar por el PC. Como una manera de fortalecer el sistema institucional del país, desde el 2002, se ha impulsado un proceso de descentralización económica y administrativa, a través de la Ley de Consejos de Desarrollo, la Ley General de Descentralización y el Código Municipal, que establecen una estructura para la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas. Las autoridades municipales se sienten presionadas por una ciudadanía cada vez más demandante en materia de seguridad, sin que el marco legal les provea de instrumentos y recursos, más allá de las actividades de control de contravenciones y bienes públicos a través de los cuerpos de policía municipal, y de algunas acciones de prevención social.

A nivel local, la incapacidad para reducir los factores de riesgo en las ciudades se ha convertido en un elemento reforzador de las dinámicas de exclusión. La intensidad del problema en la mayoría de las ciudades inhibe el desarrollo económico, ahuyenta nuevas inversiones, debilita el asociativismo y el capital social, refuerza la exclusión y estigmatización de algunas áreas urbanas más afectadas, condiciona la configuración y el uso de los espacios urbanos, restringiendo la convivencia e imponiendo una arquitectura y un urbanismo del miedo. La delincuencia y la violencia urbanas también generan un clima de temor (UN-Habitat, Safer Cities, 2002). En la última década, las pandillas juveniles son un problema de inseguridad pública, con un creciente uso de la violencia y la brutalidad, reflejado en el nuevo concepto de “las maras”, las cuales plantea el reto de brindar mejores perspectivas para la población joven de la región centroamericana (DEMOSCOPIA, 2007).

Monto del Proyecto:

El presupuesto del Programa Conjunto asciende a US$ 5.5 millones.


Información del Programa Conjunto

Material de comunicación

Fondo de España para ODM

Testimonial sobre la organización comunitaria en Santa Lucía Cotzumalguapa