Oportunidad clave para avanzar en derechos humanos

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En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, el Sistema de Naciones Unidas anima a las autoridades actuales y electas, así como a los distintos sectores sociales, a impulsar una agenda de acciones prioritarias que contribuyan a generar las transformaciones que requiere el país, así como a garantizar que todas y todos los guatemaltecos gocen plenamente de sus derechos.

El contexto actual del país plantea una oportunidad clave para implementar dichas acciones. Si bien Guatemala ha dado pasos alentadores, persisten desafíos en distintas áreas que requieren un esfuerzo sostenido para ser superados. Con el propósito de fomentar la reflexión y el debate, el Sistema de Naciones Unidas propone medidas concretas que considera prioritarias para el país, las cuales se basan en recomendaciones formuladas a Guatemala por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Relatores Especiales, órganos de tratados y el Examen Periódico Universal realizado por Guatemala ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Para preservar y profundizar los progresos en la lucha contra la impunidad, el nuevo Congreso tendrá el reto de discutir y aprobar las reformas legislativas necesarias para fortalecer la independencia e imparcialidad judicial, así como para agilizar los procesos de manera transparente y objetiva. Esto abarca la aprobación de las reformas a la Ley de la Carrera Judicial, la Ley Orgánica del Ministerio Público y la Ley de Amparo y Antejuicio, que han contado con la asistencia técnica de CICIG y OACNUDH. Fortalecer y ampliar los juzgados especializados en materia de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer es también fundamental.

En el ámbito de la seguridad se deberá fortalecer a la Policía Nacional Civil mediante la institucionalización de la Reforma Policial lo cual favorecería la transformación de la fuerza policial en un cuerpo altamente profesional, eficiente, preventivo, respetuoso de los derechos humanos y cercano a la población. Esto permitiría revertir la tendencia hacia la privatización de la seguridad y al uso del Ejército en tareas de seguridad ciudadana.

Guatemala es el país de América Latina y el Caribe con el mayor índice de desnutrición crónica infantil. A pesar de los pasos que se han dado para superar este flagelo a través del Plan Hambre Cero, es urgente despolitizar este tipo de estrategias e incorporar un enfoque de derechos humanos que aborde aspectos estructurales como el acceso a los medios adecuados para obtener alimentos, incluyendo acceso a la tierra, un salario digno y educación, entre otros. Asimismo se requiere proveer de un presupuesto adecuado al sistema de salud, que asegure la cobertura y accesibilidad para toda la población.

El inicio de una nueva administración del Gobierno presenta una oportunidad para aumentar la representatividad de mujeres y personas indígenas en las instituciones gubernamentales, especialmente en puestos de toma de decisión, siguiendo la tendencia de otros países en la región. Adicionalmente, fortalecer política, técnica y presupuestariamente a la institucionalidad indígena constituiría un paso importante para contribuir a la superación de la discriminación y el racismo.

Las nuevas a autoridades también tienen la oportunidad de implementar una política pública de protección a defensoras y defensores de derechos humanos, así como dar seguimiento y aprobar la propuesta del Sistema de Protección al Ejercicio Periodístico, la cual ha contado con la asistencia técnica de UNESCO y OACNUDH.

Al aproximarse el 50º aniversario del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del cual Guatemala es Estado Parte, el Sistema de las Naciones Unidas alienta al Estado a ratificar también su Protocolo Facultativo, mecanismo vital para la protección de los derechos humanos.

El Sistema de las Naciones Unidas, a través de sus distintas agencias, fondos y programas, continuará acompañando y asistiendo a Guatemala en los esfuerzos por alcanzar el desarrollo y el cumplimiento de los compromisos internacionales que ha adquirido el Estado en materia de derechos humanos.


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