ONU saluda aprobación de ley matrimonio infantil y llama a restringir uso de excepción

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El Sistema de Naciones Unidas (SNU) saluda la aprobación del Decreto 8-2015 del Congreso de la República de Guatemala el cual reafirma que la edad mínima para contraer matrimonio es a los 18 años de edad y reconoce que matrimonios a menor edad “…violan derechos fundamentales, principalmente de niñas y adolescentes, exponiéndolas a mayor vulnerabilidad tanto física, psicológicas y legales…”

ONU Guatemala reconoce los esfuerzos de la sociedad civil, las instituciones integrantes de la Mesa a favor de las niñas y adolescentes, y especialmente saluda el esfuerzo de las mismas niñas, adolescentes y jóvenes, quienes han trabajado durante muchos años por alcanzar estos estándares mínimos de dignidad y de derechos.

El decreto 8-2015 constituye un avance al equiparar la edad de matrimonio para niñas y niños, eliminar la autorización de padres de familia y tutores (que en muchos casos se transformó en una imposición de los adultos para obligar a menores de edad –mayoritariamente niñas- a casarse sin su consentimiento), y al obligar a jueces y juezas a escuchar a la persona menor de edad. También prohíbe las uniones de hecho en menores de edad, sin que esto retire la paternidad responsable ni el reconocimiento de derechos una vez cumplida la mayoría de edad.

Sin embargo, la normativa permite la excepción a partir de los 16 años, tanto en niños como en niñas, por resolución judicial y sin determinar qué circunstancias justificarían dicha decisión, dejando a discrecionalidad de los y las jueces el autorizar o no el matrimonio; contraviniendo los convenios internacionales en materia de derechos humanos. Es sumamente importante desarrollar legalmente y definir con precisión las causas/situaciones en las cuales aplica la excepción, sin dejarse influenciar por la cultura y la tradición.

Se hace un llamado a jueces y juezas a que conforme a estándares internacionales apliquen criterios restrictivos en el uso de la única excepción de esta reforma legal con base en el interés superior y los derechos humanos de las niñas, los niños, las y los adolescentes, garantizando su consentimiento libre, pleno e informado.


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