ONU MUJERES ANTE LA SENTENCIA SOBRE EL CASO MARIA ISABEL VÉLIZ FRANCO

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La Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), emitida el 28 de julio pasado, sobre el caso de la niña María Isabel Véliz Franco, asesinada el 18 de diciembre de 2001 en Guatemala a la edad de 15 años, representa un hecho histórico en el acceso a la justicia de las mujeres y niñas que sufren violencia. Esta sentencia a su vez sienta precedentes importantes sobre la responsabilidad de los Estados para garantizar la seguridad de las mujeres y niñas y la utilidad de los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos.

Los diversos tratados internacionales de protección de derechos humanos de las mujeres como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en su Recomendación General # 19, y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), enfatizan que los Estados podrán ser responsables si omiten actuar con la debida diligencia para prevenir violaciones a los derechos de las mujeres, investigar y sancionar actos de violencia, o no proporcionar medidas preparatorias o compensatorias.

La Sentencia de la CIDH se fundamenta en el crecimiento de la proporción de muertes violentas de mujeres en comparación con la de hombres en Guatemala. Es un hecho que la violencia contra las mujeres, las adolescentes y las niñas en diversos países de la región es recurrente y creciente. El caso de María Isabel es uno de muchos que continúan segando la vida de mujeres y niñas que no alcanzan la justicia debida.

Es preciso reconocer que el Estado de Guatemala y sus diversas instituciones durante los últimos años han adoptado medidas alentadoras que representan avances importantes en materia de políticas públicas, leyes y buenas prácticas en el ámbito de la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas.

En el país existen ahora sistemas de alerta temprana de desaparición de niños y niñas gracias a la Ley del Sistema de Alerta Alba-Keneth. Además, la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar (1996), la Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer (2008), junto a la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (2009) se constituyen en un sólido marco legal.

Otros avances son la creación de juzgados especializados en femicidio y otras formas de violencia contra las mujeres; la Política para la Igualdad entre Hombres y Mujeres del Ministerio Público; la creación del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), el apoyo legal a las sobrevivientes por medio del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), los Centros de Apoyo Integral a Mujeres Sobrevivientes de Violencia (CAIMUS), y otros servicios financiados con recursos públicos. Así mismo, la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres (CONAPREVI), son parte importante de la institucionalidad pública necesaria. ONU Mujeres reconoce que estos esfuerzos son producto de la permanente incidencia de las organizaciones de mujeres y feministas de Guatemala y la receptividad de los y las tomadoras de decisión.

No obstante, el Estado debe redoblar esfuerzos para garantizar a las mujeres el acceso a la justicia, por lo tanto, los servidores públicos están llamados a conocer sus responsabilidades en el marco del cumplimiento de sus deberes. Es imperante que se impulsen acciones a nivel nacional y territorial para que la sociedad guatemalteca no conciba la violencia contra las mujeres como un fenómeno natural, ya que es intolerable, inexplicable e inexcusable. Los femicidios no deben ser catalogados como violencia general, ya que la violencia de género se produce en el ejercicio de poder, control y subordinación de las mujeres.

Como parte de las recomendaciones y medidas de reparación determinadas en la Sentencia, la CIDH establece que el Estado de Guatemala deberá asumir un plan de fortalecimiento del INACIF; implementar el funcionamiento de órganos jurisdiccionales especializados, como lo establece la Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer; implementar programas y cursos a funcionarios públicos pertenecientes al Poder Judicial, Ministerio Público y Policía Nacional Civil vinculados a la investigación de actos de homicidio de mujeres sobre estándares en materia de prevención, eventual sanción y erradicación de homicidios de mujeres, y capacitarlos sobre la debida aplicación de la normativa pertinente en la materia; pagar las indemnizaciones por daños materiales e inmateriales a la madre de Rosa Elvira Franco Sandoval, entre otras.

ONU Mujeres, la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, reafirma su compromiso de apoyar al Estado de Guatemala en los procesos que permitan la construcción de una sociedad incluyente, donde el derecho de las mujeres y niñas a vivir una vida libre de violencia sea una realidad.


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