ONU Derechos Humanos lamenta inacción para prevenir nueva muerte en el Valle del Polochic y pide investigación exhaustiva

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La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recibió información de que el 21 de mayo de 2011 presuntos guardias privados de seguridad del Ingenio Chabil Utzaj habrían hecho uso de armas de fuego en contra de campesinos de las comunidades de Agua Caliente y El Sauce Inup, resultando asesinado el campesino Oscar Reyes y heridos los campesinos Miguel Chub Cucul, Marcelino Ical Chub y Arnoldo Caal Rax.

Tras los desalojos ocurridos en marzo de 2011 en el Valle del Polochic, la ONUDerechos Humanos expresó a las autoridades nacionales, organizaciones de la sociedad civil y a la comunidad internacional, su preocupación sobre la incompatibilidad entre los procedimientos de desalojos llevados a cabo y las normas internacionales de derechos humanos en cuanto a destruir las viviendas y los cultivos de los campesinos, así como el deber del Estado de tomar las medidas a su alcance para buscar una solución a la demanda de vivienda y tierra que garantice la subsistencia de las más 700 familias que fueron desalojadas en el municipio de Panzós, máxime en un país en el que la mitad de las niñas y niños menores de cinco años sufren desnutrición crónica.

Al respecto, la ONU-Derechos Humanos lamenta profundamente que todavía no se tomen las medidas necesarias para prevenir nuevos hechos violentos en el Valle del Polochic, departamento de Alta Verapaz, y llama al Ministerio Público a conducir una investigación exhaustiva que esclarezca los hechos referidos y determine la legalidad y responsabilidad de las acciones cometidas. De la misma manera, hace un llamado a las autoridades correspondientes a controlar de manera efectiva a estos presuntos cuerpos de seguridad, de conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos.

Hechos como este ponen en evidencia que los problemas de fondo del campo en Guatemala no pueden ser resueltos a través de acciones unilaterales basadas en el derecho penal ni, mucho menos, en la acción de cuerpos de seguridad privados.

Los problemas históricos de la concentración de las tierras, la falta de alternativas de subsistencia de las comunidades campesinas y la inseguridad alimentaria que sufren las comunidades, en particular las comunidades indígenas, deben de ser abordados desde una política agraria integral, participativa y basada en un diálogo serio y de buena fe.

La ONU-Derechos Humanos continuará dando seguimiento a la situación en el Valle del Polochic y llama a las autoridades a encontrar una solución de consenso al problema de las familias desalojadas y prevenir más hechos violentos. La ONUDerechos Humanos recuerda que el Estado tiene el deber de defender el principio de integralidad e interdependencia de los derechos humanos, reconocido ampliamente a nivel internacional y defendido por la Alta Comisionada, por el cual el derecho a la propiedad privada debe ser defendido tanto como el derecho a la vida, la integridad personal, la vivienda y la alimentación.


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